22 de septiembre de 2026
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebra una audiencia en el caso de diez niños ucranianos de instituciones de cuidado infantil de Crimea cuyo paradero se desconoce desde 2014
Estrasburgo, 22 de septiembre de 2026. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebró una audiencia en el caso de la Unión Ucraniana de Helsinki por los Derechos Humanos en nombre de diez niños ucranianos contra Rusia (demanda n.º 6719/23). El caso concierne a diez niños privados de cuidado parental. Al comienzo de la ocupación de Crimea en 2014, vivían en instituciones de cuidado infantil bajo la tutela del Estado ucraniano. Desde entonces, a pesar de las repetidas solicitudes de las autoridades ucranianas, no ha habido información sobre su paradero. El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI) ha intervenido en el caso como tercero independiente.
Sobre qué trata el caso
La demanda fue presentada ante el Tribunal en enero de 2023 por la Unión Ucraniana de Helsinki por los Derechos Humanos (UHHRU), actuando en nombre de los niños. Los niños nacieron entre 2009 y 2013 y son ciudadanos ucranianos de nacimiento. El Tribunal otorgó prioridad al caso.
Según la UHHRU, después de que Rusia tomó el control de Crimea, más de 4.000 niños privados de cuidado parental fueron declarados automáticamente ciudadanos rusos. A pesar de las solicitudes del Gobierno ucraniano, Rusia se negó a transferir a los niños a las autoridades ucranianas e inició procedimientos de adopción. La parte demandante alega que se impuso la nacionalidad rusa a los diez niños en este caso y que fueron incluidos en los sistemas rusos de adopción y acogimiento familiar. Algunos de ellos podrían haber sido ya adoptados. La UHHRU sostiene que, considerados en conjunto, esto equivale a la desaparición forzada de los niños.
El Tribunal decidió celebrar una audiencia en este caso, apartándose de su práctica habitual para casos similares, citando su gravedad excepcional y su importancia pública. La audiencia cubrió tanto la admisibilidad como el fondo del asunto. En otras palabras, el Tribunal debe determinar si puede examinar la demanda y, en caso afirmativo, si se violaron los derechos de los niños. El Tribunal dictará sentencia en una fecha posterior, tras examinar los argumentos orales y escritos. El gobierno ruso, a pesar de haber recibido toda la documentación y pruebas pertinentes en apoyo del caso, no ha presentado ninguna observación para contrarrestar las acusaciones y no participó en la audiencia.
Para Bring Kids Back UA, detrás del lenguaje legal de la demanda hay diez niños individuales. El Tribunal no revela sus nombres, tras haber concedido al caso anonimato y confidencialidad.
«Cuando Rusia ocupó Crimea, estos niños tenían entre uno y cinco años. El Estado ucraniano era su tutor, y desde entonces no ha podido obtener respuesta a una pregunta sencilla: ¿dónde están? Hoy son adolescentes que pueden estar viviendo bajo una ciudadanía que no es la suya, en familias que no son las suyas. La justicia para ellos no se trata solo de castigar a los responsables. Es el derecho de cada niño y de sus seres queridos a conocer la verdad: dónde está el niño, con quién está y quién decidió que ya no son ucranianos. Eso es lo que hace que este caso sea tan fundamentalmente importante», dijo Maksym Maksymov, director de Bring Kids Back UA.
El papel del IBAHRI
Los terceros intervinientes en el caso son el Gobierno de Ucrania y siete organizaciones ucranianas e internacionales, incluido el IBAHRI. Un tercero interviniente no es parte en la disputa: presenta su propio material y argumentos para ayudar al Tribunal a examinar el caso. El IBAHRI estuvo representado en el procedimiento por su directora y copresidenta del grupo de trabajo de Bring Kids Back UA, la baronesa Helena Kennedy LT KC, y la abogada del programa Eleonora Scala.
En su intervención como tercero, el IBAHRI aborda dos cuestiones.
La primera es el enfoque del Tribunal sobre la representación por parte de ONGs en circunstancias en las que es imposible obtener el consentimiento explícito de las víctimas menores de edad. El IBAHRI argumenta que la vulnerabilidad de los niños, el contexto de ocupación y conflicto armado, y la naturaleza de las violaciones alegadas deben tenerse en cuenta al evaluar cuestiones de legitimación y representación, es decir, quién puede llevar un caso ante el Tribunal en nombre de los niños y sobre qué base.
La segunda es la evaluación de la presunta violación del Artículo 8 del Convenio, referente al derecho a la identidad. El IBAHRI insta al Tribunal a considerar el contexto más amplio de la política sistemática de Rusia hacia los niños ucranianos y a garantizar que la escala completa y el impacto de esas acciones se reflejen en su análisis.
«Este caso trata sobre mucho más que diez niños. Representa a miles de niños ucranianos cuyo paradero sigue siendo desconocido y cuyas identidades, vínculos familiares y futuros han sido destruidos sistemáticamente. El Tribunal tiene la oportunidad de dejar claro que estos niños no son daños colaterales de la guerra, sino víctimas de una política sistemática que exige rendición de cuentas», dijo la baronesa Helena Kennedy, directora del IBAHRI.
La posición de Ucrania
El Gobierno de Ucrania participa en el caso como tercero interviniente. La delegación del Ministerio de Justicia en la audiencia estuvo encabezada por Marharyta Sokorenko, agente del Gobierno de Ucrania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ella vinculó las circunstancias del caso con los casos interestatales Ucrania contra Rusia (sobre Crimea) y Ucrania y los Países Bajos contra Rusia. También destacó la vulnerabilidad particular de los niños que están bajo el control total de las autoridades rusas y no pueden defender sus derechos por sí mismos. Ucrania pide al Tribunal que declare a Rusia responsable de violar los derechos de estos niños y que le exija cooperar con Ucrania y la comunidad internacional.
«Rusia debe proporcionar información sobre el destino de los niños ucranianos que han terminado bajo su control y asegurar su regreso. El caso de los diez niños de Crimea refleja un problema mucho más amplio: violaciones sistémicas de los derechos de los niños ucranianos en los territorios ocupados que han continuado desde 2014. La imposición forzada de la ciudadanía rusa se ha convertido en una herramienta para violaciones adicionales de sus derechos. Ucrania insiste en que estas acciones, y la negativa de Rusia a cooperar con el Tribunal, deben recibir una evaluación legal adecuada», dijo Marharyta Sokorenko, representante del Ministerio de Justicia de Ucrania.
Una grabación de la audiencia está disponible en el sitio web del Tribunal.